martes, 29 de junio de 2010

Respuesta a Derechos Humanos

Familiares de policías imputados responden a la Fundación de los Derechos Humanos

Para los familiares de los funcionarios policiales, imputados por la Fiscalía 19 del Ministerio Público, las declaraciones de Noel Azócar, Rafael Magallanes y Milagros Carmona, de la Fundación de Derechos Humanos, corrobora que hay una campaña de descrédito contra aquellos uniformados que están sometidos a procesos judiciales.

Es evidente, dijeron, la intromisión que tiene la Fundación de los Derechos Humanos en la imputabilidad de los funcionarios. Ellos, Azócar, Magallanes y Carmona, han viciado el debido proceso, cuando de manera pública, notoria y comunicacional, incriminan a los funcionarios sin cumplir con los pasos que establece el debido proceso.

Confidencialidad viciada

Precisaron que es preocupante que el propio Noel Azócar ha solicitado información sobre algunos casos para que vayan a la sede de su fundación, la cual será tratada con confidencialidad. Eso es atentatorio contra el estado de derecho, lo cual viola el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal, que precisa que serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.

En Anzoátegui, y así lo denunciamos, se ha conformado un tribunal inquisitivo, al estilo del viejo Código de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley de Vagos y Maleantes, que declara bajo juicio sumario la responsabilidad de funcionarios policiales que tienen derecho a ser oídos en cualquier clase del proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente.

Destacaron que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé quienes son los administradores de justicia, y, en este caso, la Fundación de los Derechos Humanos no tiene cualidad jurídica para expresar públicamente sobre la responsabilidad penal de algún funcionario, tal como lo han hecho en los últimos meses. Por lo cual, el Fiscal 19 del Ministerio Público no puede dejarse orientar por quienes han tenido odio y rencor contra las policías del estado y las municipales.

Presenten estadísticas

Por ello, solicitamos públicamente a la Fundación de los Derechos Humanos para que presenten una estadística, ante los medios de comunicación, a cuantos funcionarios han prestado apoyo cuando son heridos por la delincuencia común, a cuántos han asesorado para darle asistencia cuándo son víctimas del hampa. Pero, eso sí, que no sean personas que hayan tenido problemas con las autoridades.

Debido proceso

Buscan incriminarlos en homicidio de Michael Tovar

Familiares de funcionarios de Polibolívar exigen respeto al debido proceso

Denunciaron que durante audiencia de presentación, celebrada el 7 de junio, una hermana del occiso les tomó fotos con un celular en las instalaciones del Palacio de Justicia

Los familiares de los funcionarios de Polibolívar, imputados por el Fiscal 19 del Ministerio Público, José Luis Azuaje, por los hechos ocurridos en la zona industrial de Barcelona, el año pasado, exigieron públicamente a Yenifer Tovar, hermana de Michael Tovar España, asesinado este sábado en Barcelona, que presente las pruebas que incriminen a los uniformados en ese homicidio.

Destacaron que desde el momento mismo de los hechos, Tovar, quien aparentemente es abogada, ha buscado crear una matriz de opinión en la búsqueda de que los funcionarios sean relacionados con la muerte de Michael Tovar, situación que lamentamos, por lo cual exigimos al Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc), ahonde las investigaciones para determinar quién es el responsable de esa muerte.

Al destacar que Yenifer Tovar ha dicho que los únicos enemigos que tienen son los funcionarios de Polibolívar, manifestaron que en la página web del Tribunal Supremo de Justicia de Anzoátegui está una causa de Michael Tovar España, de fecha 5 de agosto de 2005, donde el Juzgado de Control Nro. 06 del Circuito Judicial Penal de Anzoátegui, le dictó sentencia definitiva condenatoria para cumplir la pena de dos años de prisión, por el delito de Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes.

Violación del proceso

Denunciaron públicamente que el día de la audiencia, celebrada el 7 de junio, cuando privaron de libertad a los funcionarios, la mencionada mujer se dedicó, dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia, con un teléfono celular a tomarle fotos a los Polibolívar, cuestión que es violatoria de los derechos que asiste a toda persona sometida al debido proceso.

Otra de las circunstancias, es su reiterada actitud para que la Fiscalía 19, ratifique la medida privativa de libertad en la audiencia preliminar del próximo 7 de julio, por lo que, presuntamente, ya hay predisposición de hacerlo, aún cuando existen elementos probatorios de que hubo el enfrentamiento, que incluye el reconocimiento post mortem de los cadáveres de Johnattan Tovar y Carlos Eduardo Saballo por parte de los vigilantes de la empresa Proagro, quienes fueron encontrados amarrados.

Derechos humanos

Por otra parte, también denunciaron la intromisión de la Fundación de los Derechos Humanos, presidida por Noel Azócar, cuando de manera pública, notoria y comunicacional asume la vocería del Ministerio Público, al informar sobre los casos que lleva esa instancia, incriminando con nombre y apellidos, a los funcionarios policiales lo cual vicia el debido proceso.

Manifestaron que es preocupante que el propio Noel Azócar ha solicitado información sobre algunos casos para que vayan a la sede de su fundación, la cual será tratada con confidencialidad. Dijeron que eso es atentatorio contra el estado de derecho, lo cual viola el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal, que precisa que serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.

lunes, 28 de junio de 2010

Brigada motorizada Polibolívar

Dos de los detenidos resultaron heridos en enfrentamiento de La Ponderosa

Familiares de motorizados de Polibolívar señalan retaliación por haber participado en desmantelamiento de banda del Javielito

Manifestaron que el Ministerio Público ha desechado las pruebas promovidas por los agentes de la policía municipal de Barcelona

Barcelona

A 35 días de la presunta desaparición de tres jóvenes en el sector El Viñedo de Barcelona, en el seno de las familias de los seis motorizados de Polibolívar, privados de libertad por este hecho, hay impotencia y tristeza por la manera como la Fiscalía 19 del Ministerio Público los está relacionando con un delito que no se les ha podido comprobar.

Para Josefina Vargas, madre del Inspector Johnny Moya, todo ese señalamiento tiene relación con los hechos del cuatro de enero de este año, cuando la brigada motorizada de Polibolívar, al mando de su hijo, inició la persecución que conllevó al desmantelamiento de la banda de Javier Gago Gámez, conocido como Javielito.

Comenzó en enero

Señaló de manera directa a Noel Azócar de propiciar la acusación contra el Inspector Moya en el caso de los desaparecidos, en vista que el día del enfrentamiento con el Javielito hubo una fuerte discusión entre Azócar, Moya y el sub comisario Juan Carlos Achique, llegando incluso a la amenaza.

Estos seis funcionarios, expresó, se jugaron la vida en el enfrentamiento ocurrido en el barrio La Ponderosa de Barcelona, el cual tuvo una duración de quince horas, situación que obligó a que el gobierno nacional enviara a la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cicpc.

Otros familiares de los funcionarios de Polibolívar precisaron que en ese enfrentamiento resultaron heridos, el sub inspector Juan Prado, a nivel del muslo derecho y el detective Pedro Quero, quien recibió un disparo de mini Uzzi a nivel del intercostal derecho sin salida. Ambos fueron condecorados por el gobernador Tarek William Saab, y ascendidos por Polibolívar, tal como ocurrió también con Luis Magallanes y Johnny Moya. “Después de héroes ahora son villanos”, acotaron.

Hicieron un llamado al presidente de la República, Hugo Chávez; al gobernador Tarek William Saab y a la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Inés Sifontes, para que se avoquen al esclarecimiento de un hecho que pone en tela de juicio la actividad de varios funcionarios que desmantelaron la banda de Javielito, y ahora son presos de un delito no comprobado.

Para Carmen Villasana, esposa del inspector Simón Felice, la actuación del Ministerio Público fue sorpresiva, tomando en cuenta que le decomisaron el teléfono a su esposo y, de inmediato le libraron una boleta de captura. “El viernes 12 de marzo, mi esposo estaba franco de servicio”, dijo Villasana.

Verdad y linchamiento

Los familiares han solicitado que se esclarezca la verdad de la presunta desaparición de los jóvenes, a pesar de que el Ministerio Público ha desechado las pruebas promovidas por los funcionarios. Sin embargo, existe una testigo que cambió su declaración inicial, para luego señalar al Sub Inspector Juan Prado de participar en ese hecho.

Acusaron al presidente de la Fundación de los Derechos Humanos, Noel Azócar, de promover el linchamiento moral de los funcionarios, al dar a conocer información reservada solo al debido proceso. Incluso de solicitar públicamente la imputación de los comisarios Omar Villalón y Juan Carlos Achique, por lo cual es de conocimiento de los familiares de los funcionarios que a este último le acaban de librar boleta de captura.

Achique, manifestaron, dirigió personalmente las operaciones en el enfrentamiento con el Javielito. Sin embargo, en los próximos días sería privado de su libertad.

Familiares de policías manifestaron frente a la Fiscalía

PUERTO LA CRUZ.- A las 7:00 de la mañana de ayer, familiares de 46 policías que se encuentran detenidos se apostaron frente a la sede del Ministerio Público para exigir que sean liberados.

Además solicitaron que la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Interior y Justicia intervengan.

El grupo de parientes hizo una manifestación de forma pacífica, para reclamar que los funcionarios policiales privados de libertad, muchos desde el año pasado, no han recibido el debido procedimiento.

“Policías tras las rejas, delincuentes en la calle” decía uno de los carteles que llevaban algunos manifestantes.

Señalaron que en condición de detenidos se encuentran 11 uniformados de Polibolívar, 20 de Polisotillo, 15 de Poliguanta y un numeroso grupo de agentes estadales (Polianzoátegui).

Una de las peticiones que hicieron públicamente fue la destitución del fiscal 19, José Luis Azuaje.

Según los denunciantes, el fiscal nunca ha querido conversar con ellos.

“Al contrario, les ha dado la espalda y se ha parcializado con las supuestas víctimas, sin importar que los policías exponen sus vidas en el cumplimiento de su deber”.

Luis Magallanes, padre de uno de los detenidos, dijo que a su hijo lo tienen privado de libertad por estar presuntamente involucrado en la desaparición de tres obreros en Barcelona.

“No tienen pruebas para incriminarlo, es una simple sospecha”.

Alianza

Familiares de los uniformados informaron que se reunirán con los trabajadores del volante que han sido víctimas de la delincuencia, para decidir próximas acciones.

Comisión permanente

Están preocupados que se está violando el debido proceso

Familiares de funcionarios policiales imputados por enfrentamientos se declararon en comisión permanente

Representantes de consejos comunales se mostraron preocupados por la arremetida del hampa, mientras a los agentes del orden público los tratan como delincuentes

Familiares y vecinos de los policías imputados y privados desu libertad por enfrentamientos, decidieron declararse en comisión permanente para exigir el cumplimiento del debido proceso y se respeten sus derechos, tal como lo determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Con el asesoramiento de varios profesionales del derecho, los familiares de funcionarios de Polianzoátegui, Polibolívar, Polisotillo y Poliguanta indicaron que durante el encuentro, realizado en Barcelona, analizaron los elementos jurídicos y legales, en la cual el Estado debe garantizarles como funcionarios del orden público, el principio de progresividad y sin discriminación alguna que tienen como ciudadanos en cuanto al respeto a sus derechos humanos, de conformidad con la Carta Magna.

Debido proceso

Precisaron los informantes que el debido proceso, tal como lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal, es uno de los reclamos que hacen a los administradores de justicia, porque cada vez que un funcionario es privado de su libertad, surge una total indefensión, por lo cual los agentes del orden público se eximen de actuar para prevenir el delito.

Es de hacer notar que a este movimiento se han integrado varios consejos comunales, quienes sienten la preocupación que, mientras el hampa arremete contra los ciudadanos, los funcionarios policiales son tratados como delincuentes, quedando las comunidades bajo el control de la delincuencia.

Consideraron que solo en el estado Anzoátegui está ocurriendo esta situación. Calificaron que es preocupante que elementos externos a los administradores de justicia, en este caso el Ministerio Público, dicten las pautas de la investigación penal declarando de manera pública lo que debe hacerse en materia procesal.

Solo el Estado venezolano, por vía de sus jueces naturales y los fiscales del Ministerio Público, ejercen la acción penal. Por lo tanto, debe evitarse que los representantes de la justicia mantengan directa o indirectamente comunicación con solo una de las partes, situación que viola el debido proceso.



Editorial

La Red de Derechos Humanos de los Policías del estado Anzoátegui nace con el objetivo de dar a conocer la situación que viven los funcionarios de seguridad ciudadana y orden público de las diferentes instituciones policiales que han sido, y son, imputados por el Ministerio Público.
Para el amigo lector, es necesario aclarar que algunos medios de comunicación social no le dan cabida a los familiares de estos funcionarios, quienes ahogan sus gritos de justicia en sus centros de reclusión.
Los funcionarios policiales sin tener respuestas de los administradores de justicia son presentados por algunos personeros, defensores de los delincuentes, como los peores criminales. Aquí, usted como parte de la situación de los funcionarios, podrá dejar sus experiencias para que sea conocida por todo el mundo.
Bienvenidos a la Red de Derechos Humanos de los Policías del estado Anzoátegui....!