Brigada motorizada Polibolívar

Dos de los detenidos resultaron heridos en enfrentamiento de La Ponderosa

Familiares de motorizados de Polibolívar señalan retaliación por haber participado en desmantelamiento de banda del Javielito

Manifestaron que el Ministerio Público ha desechado las pruebas promovidas por los agentes de la policía municipal de Barcelona

Barcelona

A 35 días de la presunta desaparición de tres jóvenes en el sector El Viñedo de Barcelona, en el seno de las familias de los seis motorizados de Polibolívar, privados de libertad por este hecho, hay impotencia y tristeza por la manera como la Fiscalía 19 del Ministerio Público los está relacionando con un delito que no se les ha podido comprobar.

Para Josefina Vargas, madre del Inspector Johnny Moya, todo ese señalamiento tiene relación con los hechos del cuatro de enero de este año, cuando la brigada motorizada de Polibolívar, al mando de su hijo, inició la persecución que conllevó al desmantelamiento de la banda de Javier Gago Gámez, conocido como Javielito.

Comenzó en enero

Señaló de manera directa a Noel Azócar de propiciar la acusación contra el Inspector Moya en el caso de los desaparecidos, en vista que el día del enfrentamiento con el Javielito hubo una fuerte discusión entre Azócar, Moya y el sub comisario Juan Carlos Achique, llegando incluso a la amenaza.

Estos seis funcionarios, expresó, se jugaron la vida en el enfrentamiento ocurrido en el barrio La Ponderosa de Barcelona, el cual tuvo una duración de quince horas, situación que obligó a que el gobierno nacional enviara a la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cicpc.

Otros familiares de los funcionarios de Polibolívar precisaron que en ese enfrentamiento resultaron heridos, el sub inspector Juan Prado, a nivel del muslo derecho y el detective Pedro Quero, quien recibió un disparo de mini Uzzi a nivel del intercostal derecho sin salida. Ambos fueron condecorados por el gobernador Tarek William Saab, y ascendidos por Polibolívar, tal como ocurrió también con Luis Magallanes y Johnny Moya. “Después de héroes ahora son villanos”, acotaron.

Hicieron un llamado al presidente de la República, Hugo Chávez; al gobernador Tarek William Saab y a la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Inés Sifontes, para que se avoquen al esclarecimiento de un hecho que pone en tela de juicio la actividad de varios funcionarios que desmantelaron la banda de Javielito, y ahora son presos de un delito no comprobado.

Para Carmen Villasana, esposa del inspector Simón Felice, la actuación del Ministerio Público fue sorpresiva, tomando en cuenta que le decomisaron el teléfono a su esposo y, de inmediato le libraron una boleta de captura. “El viernes 12 de marzo, mi esposo estaba franco de servicio”, dijo Villasana.

Verdad y linchamiento

Los familiares han solicitado que se esclarezca la verdad de la presunta desaparición de los jóvenes, a pesar de que el Ministerio Público ha desechado las pruebas promovidas por los funcionarios. Sin embargo, existe una testigo que cambió su declaración inicial, para luego señalar al Sub Inspector Juan Prado de participar en ese hecho.

Acusaron al presidente de la Fundación de los Derechos Humanos, Noel Azócar, de promover el linchamiento moral de los funcionarios, al dar a conocer información reservada solo al debido proceso. Incluso de solicitar públicamente la imputación de los comisarios Omar Villalón y Juan Carlos Achique, por lo cual es de conocimiento de los familiares de los funcionarios que a este último le acaban de librar boleta de captura.

Achique, manifestaron, dirigió personalmente las operaciones en el enfrentamiento con el Javielito. Sin embargo, en los próximos días sería privado de su libertad.